El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), afirmó ayer que la línea 30 de los autobuses públicos volverán a pasar por las Tres Mil Viviendas tras ocho años porque hay mejores condiciones de seguridad, a continuación dice que este experimento servirá para saber si las mejoras que se han hecho en la zona se consolidan o no.
Esto parece un chiste, de manera que quiere utilizar la seguridad y la integridad física de los usuarios, los conductores y los vehículos a modo de experimento, si estos no son agredidos significara que se ha pacificado la zona, de lo contrario ¿Qué? Pero como se puede ser tan irresponsable y poner en peligro a las personas. Como se puede permitir jugar a hacer política con temas tan serios como este, dice que la seguridad está asegurada en primera instancia, ¿esto qué significa? que tendría el sentido de: de entrada...; o en principio... Torrijos debe saber puesto que es su obligación como responsable político, conocer y hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual establece claramente que la seguridad de los trabajadores y como no, la de los usuarios ha de estar garantizada sin lugar a dudas y aquí no se está cumpliendo esta premisa.
No existen problemas de agresiones a los conductores desde que la línea 30 fue desviada hace ocho años, el desvío consiste en no tener que atravesar una avenida de cuatro carriles de circulación de vehículos, dos en cada sentido, con coches aparcados en doble fila en el mismo ángulo de giro del autobús, con lo que se hace imposible pasar, perjudicando a los usuarios por los retrasos que se originan en dicha línea. Del recorrido actual al que se pretende retornar solo existe una distancia de 100 metros, en la misma barriada en cualquiera de las líneas que por allí pasan hay que desplazarse la misma o mas distancia para poder subir a los autobuses.
Cuando se habla de los derechos de los ciudadanos al respecto del transporte público hay que saber lo que se está diciendo, porque no se garantiza ese derecho por igual, la prueba está en las barriadas de Bellavista, Sevilla Este, Pino Montano, etc.
No es de recibo que se antepongan los intereses políticos a la seguridad, la regularidad y a un servicio público de transporte eficaz y suficiente.
miércoles, 11 de febrero de 2009
¿Podrá soportar España 4.000.000 de bajas de clientes de banda ancha?
Cerca de cuatro millones de ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas masivas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en España se dé tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P. A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Antes que Temas Para la Reflexion ya hay tropecientas adhesiones más (a ver hasta dónde llegamos). ¿Quieres sumarte publicando el texto en tu blog?.
Las entidades representativas de la comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos en España estiman en cuatro millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la Sgae, para que en España se dé tres avisos antes de desconectar o ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P. A la disminución de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las sanciones aplicables en base a los artículos 8 (”Restricciones a la prestación de servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario”) y 11 (”Deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación”) de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como las sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de derechos de autor han reconocido en el “Informe de la industria de contenidos en España“, publicado por ASIMELEC, que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones que se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo de esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en seco el acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando los derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el derecho constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Antes que Temas Para la Reflexion ya hay tropecientas adhesiones más (a ver hasta dónde llegamos). ¿Quieres sumarte publicando el texto en tu blog?.
martes, 10 de febrero de 2009
El pulso por la eutanasia
Mi recuerdo, admiración y respeto a don Giuseppe Englaro y su familia, muestra de sensatez e integridad, que después de darle la vida a su hija Eluana, tuvo que velar su muerte durante 17 largos años, ellos han demostrado al mundo lo injusto y cruel que pueden llegar a ser la iglesia católica desde su impresionante fanatismo e intransigencia, el adoctrinamiento y sometimiento que ejercen solo para el sufrimiento es indignante. Mi desprecio a los que anteponen creencias, utilizan el chantaje y se ceban con toda su crueldad en seres indefensos y familias rotas por el dolor.
Todo ser humano tiene el derecho de elegir su vida y de ser posible, su muerte, esto no será permitido mientras, como dice Saramago, la iglesia católica “utilizan el chantaje moral para inmiscuirse en la gobernación de los países, en especial aquellos que, por razones históricas y sociales, todavía no han osado cortar las amarras que siguen atándolos a la institución vaticana".
No podemos seguir esperando la “piedad” de los políticos cantamañanas que solo piensan en los votos, que prometen un mundo mejor cuando están en campaña electoral y luego hacen lo que les da la gana, cuando no, lo contrario de lo que prometían. Debemos exigir que se regularice por Ley la Eutanasia que, como es bien sabido, etimológicamente tan sólo significa buena muerte o muerte digna y así se podría evitar el sufrimiento de cuántos enfermos y vidas estén en procesos de enfermedad irreversibles, un poco de sentido común.
Descansa en paz Eluana.
Todo ser humano tiene el derecho de elegir su vida y de ser posible, su muerte, esto no será permitido mientras, como dice Saramago, la iglesia católica “utilizan el chantaje moral para inmiscuirse en la gobernación de los países, en especial aquellos que, por razones históricas y sociales, todavía no han osado cortar las amarras que siguen atándolos a la institución vaticana".
No podemos seguir esperando la “piedad” de los políticos cantamañanas que solo piensan en los votos, que prometen un mundo mejor cuando están en campaña electoral y luego hacen lo que les da la gana, cuando no, lo contrario de lo que prometían. Debemos exigir que se regularice por Ley la Eutanasia que, como es bien sabido, etimológicamente tan sólo significa buena muerte o muerte digna y así se podría evitar el sufrimiento de cuántos enfermos y vidas estén en procesos de enfermedad irreversibles, un poco de sentido común.
Descansa en paz Eluana.
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