El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), afirmó ayer que la línea 30 de los autobuses públicos volverán a pasar por las Tres Mil Viviendas tras ocho años porque hay mejores condiciones de seguridad, a continuación dice que este experimento servirá para saber si las mejoras que se han hecho en la zona se consolidan o no.
Esto parece un chiste, de manera que quiere utilizar la seguridad y la integridad física de los usuarios, los conductores y los vehículos a modo de experimento, si estos no son agredidos significara que se ha pacificado la zona, de lo contrario ¿Qué? Pero como se puede ser tan irresponsable y poner en peligro a las personas. Como se puede permitir jugar a hacer política con temas tan serios como este, dice que la seguridad está asegurada en primera instancia, ¿esto qué significa? que tendría el sentido de: de entrada...; o en principio... Torrijos debe saber puesto que es su obligación como responsable político, conocer y hacer cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual establece claramente que la seguridad de los trabajadores y como no, la de los usuarios ha de estar garantizada sin lugar a dudas y aquí no se está cumpliendo esta premisa.
No existen problemas de agresiones a los conductores desde que la línea 30 fue desviada hace ocho años, el desvío consiste en no tener que atravesar una avenida de cuatro carriles de circulación de vehículos, dos en cada sentido, con coches aparcados en doble fila en el mismo ángulo de giro del autobús, con lo que se hace imposible pasar, perjudicando a los usuarios por los retrasos que se originan en dicha línea. Del recorrido actual al que se pretende retornar solo existe una distancia de 100 metros, en la misma barriada en cualquiera de las líneas que por allí pasan hay que desplazarse la misma o mas distancia para poder subir a los autobuses.
Cuando se habla de los derechos de los ciudadanos al respecto del transporte público hay que saber lo que se está diciendo, porque no se garantiza ese derecho por igual, la prueba está en las barriadas de Bellavista, Sevilla Este, Pino Montano, etc.
No es de recibo que se antepongan los intereses políticos a la seguridad, la regularidad y a un servicio público de transporte eficaz y suficiente.
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